Nos acercamos al final de este año marcado por una crisis socio-sanitaria que ha evidenciado (más aún) el impacto que tienen sobre la salud comunitaria, los recortes económicos y la privatización paulatina de servicios públicos, que además afecta de forma mucho más directa a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, mientras el Ayuntamiento de Madrid encendía este jueves las nuevas luces de Navidad que alumbrarán algunos barrios de la ciudad (a las que han destinado 3.170.000 euros), las vecinas y vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real llevan casi dos meses sin electricidad. La empresa que distribuye energía en este barrio, Naturgy acometió cambios en el cableado de las torretas, lo que tiene a 1200 familias1, es decir, a más de 4500 personas, sin electricidad.
¿Qué implica la negación del acceso a la electricidad para todas las familias del barrio?
Supone no tener agua caliente para la higiene personal diaria; supone lavar la ropa a mano con agua fría; supone no tener calefacción en los meses más fríos del año; supone no disponer de una nevera para conservar medicamentos y alimentos; supone no poder cocinarlos en algunos casos; supone vulnerar el derecho a la educación a niñas y niños que han de mandar los deberes del colegio por internet y negar la oportunidad de seguir el curso a estudiantes que reciben la formación a distancia; supone un consumo extra para muchas familias que no pueden costear un generador ni hacer un uso constante de él; supone poner en riesgo la vida de personas que necesitan estar conectadas a respiradores. Negar el acceso a la energía, supone vulnerar el derecho a una vida digna todos los días.
El derecho a la energía forma parte de las condiciones del derecho a una vivienda adecuada: Observación General nº 4 de Naciones Unidas de 1991: “Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”
Sin embargo, el acceso a la energía sigue sin considerarse como derecho humano, a pesar que la vulneración de éste, impide que se desarrolle el derecho a una vida digna. En la lucha por terminar con la pobreza energética, muchas voces reclaman el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental. Y nosotras desde el grupo de ASF Cañada nos sumamos: porque la energía debería ser entendida como bien común y no como una mercancía. Porque el acceso a la energía debe ser asequible, sostenible, seguro y universal.
EL ACCESO A LA ENERGÍA NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO.
Y por ello instamos a las administraciones que intervienen en este territorio a tomar medidas urgentes. El Pacto Regional, convenio firmado por las distintas administraciones responsables de la ordenación territorial de la Cañada Real, recoge el “compromiso para la adopción de medidas provisionales para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real” entre las cuales se nombra la rehabilitación del suministro de luz2. Instamos a que se cumplan los compromisos adquiridos ante todas las personas que se han visto privadas de este servicio básico y que se trabaje por regularizar y legalizar la conexión con la red eléctrica. Ahora, sólo falta, como tantas otras veces, voluntad política.
Ante esta situación las vecinas y vecinos han acudido repetidamente a las administraciones sin obtener ninguna solución: a día de hoy continúan sin suministro eléctrico. Han pedido explicaciones a los Comisionados de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid sin más contestación que responsabilizar a Naturgy, que no hace declaraciones.
En respuesta, y vista la ausencia de actuación por parte de las administraciones, asociaciones vecinales y vecinas se han movilizado de forma pacífica para organizar diferentes acciones de denuncia ante esta vulneración de derechos. Este lunes, 30 de noviembre, a las 11 de la mañana, convocan de nuevo para exigir el restablecimiento del servicio básico frente a la sede de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid bajo el lema “Sin luz no hay vida”.
Desde aquí todo nuestro apoyo y cariño a las vecinas de la Cañada Real ante esta situación de injusticia social y vulneración de Derechos Humanos.
1 Fuente: Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, capítulo 1, página 7. (Según datos recogidos en el documento, entre el Sector 5 y 6 viven 1236 familias, un total de 4554 personas).
2 Fuente: Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, Anexo III, página 47.
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